En octubre, las víctimas de los granadazos de Morelia esperan reparación de daños

Hasta el 2020 fueron reconocidas en el RENAVI las víctimas y hay un amparo en curso en contra de la CEEV y CIE por simulación de atención

@Karla Ayala

Han pasado 13 años desde que en Morelia se registró el primer atentado terrorista en México; un año de que las víctimas por fin fueron evaluadas y esperan que en el mes de octubre sea resuelto un amparo colectivo que interpusieron en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEV) y el Comité Integral Evaluador (CIE) por simular atención, mencionaron, José García, víctima y su abogada, Reyna Velasco Guerrero.

Cansados de no recibir atención, un grupo de las víctimas solicitaron asesoría privada y fue de esta manera que lograron el reconocimiento legal, ya que a nivel federal no sabían de ellos y por eso no recibían la atención médica, legal y reparación de daños que tienen derecho, explicó el señor José García.

En entrevista para Fonema, la abogada de 12 de más de 100 víctimas que resultaron de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 explicó que después de 12 años, en julio del 2020, las víctimas en general fueron reconocidas legalmente en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

La abogada, indicó que la solicitud de inscripción fue por los 12 representados de ella, sin embargo, el juez de procesos penales en Jalisco ordenó el reconocimiento de todos los implicados, a excepción de una persona que no fue contada por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), pese a que perdió la pierna izquierda, y ahora es un caso aparte del grupo de víctimas, dijo.

El caso de las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre del 2008 penalmente está suspendido porque hay dos órdenes de aprensión pendientes, el tema de la reparación de daños no resuelto y está en curso un amparo en contra de las instituciones que debieron asesorarlos oportunamente; así como una solicitud de destitución del cargo del delegado de la Comisión de Víctimas federal (CEAV), Ricardo Díaz Ferreyra.

Después de ser ignoradas, las víctimas se dieron la tarea de marcar un precedente nacional para que las autoridades hagan su trabajo porque la justicia de saber quién fue o fueron los culpables del atentado es una realidad casi imposible de alcanzar, como también es imposible de reparar las pérdidas humanas y la psicosis social que sufrió la sociedad, dijo José García.

José García perdió en el incidente a su madre de 64 años y sobrino de 13; casi pierde la pierna y su esposa quedó con un zumbido en el oído que le ha marcado la vida desde entonces; gracias a que la empresa donde trabaja fue responsable con su atención médica ahora puede trabajar y no depender de la “ayuda cultural” que el gobierno del Estado les proveía en los primeros años y que después se convirtió en una molestia para las autoridades locales.