Medios de Comunicación generadores de violencia política contra las mujeres
La violencia política contra las mujeres tiene como objeto limitar o anular su participación pública
@Karla Ayala
La investigadora y encargada de realizar un estudio sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral 2020-2021, Serene Eréndira Serrano destacó que hay situaciones más adversas para las candidatas locales que en el ámbito federal, donde la violencia es más sutil y cuidada.
Los agresores son los candidatos, medios de comunicación, partidos políticos y redes sociales, por lo cual surge la necesidad de regular los mensajes que emiten los medios de comunicación a la audiencia porque ante la impunidad y falta de sanciones claras sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, inhibe la participación de ellas en la vida pública bajo el miedo de ser señaladas o asesinadas.
La investigadora de la Universidad Autónoma de México (UNAM) recordó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un concepto que se asentó legalmente en la reforma del 13 de abril del 2020, gracias a las negociaciones y exigencias de las mujeres que pedían participación en la vida política.
“Tiene un componente esencial de género y afecta a las mujeres por ser mujeres de forma distinta que a los hombres; se da por la participación política y se incluyen acciones directas y no, como las omisiones. Su objetivo de la violencia política contra las mujeres es limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales”, explicó.
En este proceso electoral se marcó por la pandemia y el aumento de violencia contra las mujeres que surgió del confinamiento, el cual se expresó en el ejercicio democrático con un fondo de desigualdad para las mujeres que participaron y que se quedaron sin votar por la situación de encierro, apuntó la investigadora.
El caso número 01 de estudio que efectúo el Centro Regional de Investigación Multidisciplinario de la UNAM fue el feminicidio de Ivone Gallegos (Oaxaca), el cual fue abordado en los medios de comunicación como “candidata baleada, asesinada o ejecutada” sin mencionar que era mujer política, feminista y defensora de las mujeres indígena.
El caso número 02 fue el feminicidio de Carla Enríquez Merlín de Veracruz, donde su identidad política fue supeditada a su rol de hija o madre.
El caso número 03 fue el tocamiento sexual que fue objeto Rocío Moreno Sánchez de Zacatecas, el cual se abordó como nalgada por su adversario político, el candidato David Monreal, quien fue exonerado públicamente mediante un comunicado de prensa.
También abordó el caso de la candidata Clara Luz Flores Carrales de Nuevo León, quien fue severamente criticada y menospreciada por la prensa por un video que se filtró, donde se le ve en reunión con Keith Raniere, acusado en el 2018 por tráfico sexual.
Por tal video que era del ámbito privado y que se filtró públicamente para afectar la candidatura de Flores Carrales le dejó el mote en redes sociales como #LadySecta.
Guadalupe Jonez de Garibay de Baja California también fue expuesta en los medios de comunicación cuando se le dio preferencia al candidato y se omitió su presencia durante el proceso electoral.
Del estudio se concluyó que las notas periodísticas en 76 por ciento generan información que violenta a las mujeres candidatas; 37 por ciento física y 21 por ciento sexual.
El 85 por ciento violó el derecho a la representación pública de las mujeres; 79 por ciento de ser votadas; 61 por ciento a la igualdad de género; 48 por ciento de los actores que ejercieron acciones violentas fueron los candidatos y 36 por ciento los medios de comunicación.
