Víctimas de la Autopista “De la Muerte” (Siglo XXI) no reciben apoyo por la corrupción de los diferentes niveles de gobierno
La madre de dos jóvenes que, hace un mes su carro fue envestido por un tráiler; accidente por el cual una de las chicas murió y la otra está grave en el hospital, denuncia las arbitrariedades
@Marina Martínez
La corrupción que priva en los diferentes niveles de gobierno, ha impedido que las víctimas del trágico accidente del pasado 14 de septiembre en la autopista Siglo XXI, pero mejor conocida como “De la Muerte”, ha ocasionado que los afectados no reciban el apoyo económico que están obligados a pagar tanto la aseguradora como el culpable del incidente.
En conferencia de prensa, la mamá de dos jóvenes que, se trasladaban en uno de los vehículos afectados y en el cual una de ellas perdió la vida y la otra sigue en estado de gravedad, Eliza Esparza Sierra, reveló que, a más de dos meses de los sucesos, ni siquiera conocen el nombre del chófer que conducía el tráiler que embistió a varios vehículos particulares.
Con lágrimas en los ojos narró la serie de arbitrariedades que han sufrido, desde la atención médica que han tenido que sufragar por su cuenta, hasta la corrupción por parte de los Ministerios Públicos de la Fiscalía Regional de Uruapan, quienes se han negado a girar un oficio para que comparezca tanto el dueño del tráiler como el conductor del mismo, así como dar a conocer a los familiares las pólizas de la aseguradora.
Jairo Thémoc García Rodríguez, es el Agente del Ministerio Público, encargado del asunto, que tiene en su poder la carpeta de investigación con NUC 10042022234410, expediente URU/102/05428/2022, la cual se ha negado a entregar.
Y es que, la abogada defensora de los afectados, María Ortega Sánchez, compartió que, a pesar de que el Agente fue enviado a otra área de la fiscalía concerniente al robo de vehículos, extrajo la carpeta de investigación del accidente, sin explicación alguna.
El servidor público de la fiscalía uruapense, tiene diversos procedimientos administrativos abiertos por su actuar dentro de la institución, sin embargo, permanece en cumplimiento de su labor.
Asimismo, Mariano Ortega Sánchez, propietario de la empresa de transporte Sotavento, a la cual pertenece el tráiler que conducía a exceso de velocidad, es expresidente municipal de Lázaro Cárdenas y estuvo preso durante el famoso Michoacanazo, por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
Y actualmente es consejero de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la entidad.
Mientras que, Miriam Navarro Torres, trabaja para la aseguradora Qualitas, la cual se ha negado a dar el pago del accidente y a la par también es abogada de Ortega Sánchez, el expresidente municipal.
Es así como servidores públicos y la iniciativa privada, han tejido una red de corrupción que impide que se erogue el pago de la póliza, mientras la familia ha tenido incluso que hipotecar su casa, para hacer frente a los gastos funerarios de Lupita, la jovencita que perdió la vida en el accidente, así como de los gastos médicos de Teresita de Jesús, su hermana, quien permanece en estado de gravedad.
