¿Qué cambia con la Reforma Judicial y por qué tantas inconformidades?
El debate alrededor de las reformas propuestas por el presidente —particularmente la del poder judicial— se ha caracterizado por la polarización
@Fonema / Redacción
El 5 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 18 reformas constitucionales y dos legislativas. Entre ellas, se incluye la reforma al poder judicial, que la semana pasada fue discutida y aprobada por la Cámara de Diputados y el día de hoy comenzará a ser discutida en el Pleno de la Cámara de Senadores, en medio de protestas a favor y en contra de ésta.
Los argumentos, tanto a favor como en contra, muchas veces se quedan en lo superficial y no llegan a problematizar las condiciones del sistema de justicia en nuestro país. La mayoría de los argumentos apelan a las emociones más que a incentivar una postura crítica de los cambios propuestos y las necesidades reales de transformación de todo el sistema de impartición de justicia.
Por un lado, entre sus detractores abundan menciones a la dictadura, a la “venezolanización” del país y al caos institucional. Por el otro, sus defensores proponen que la reforma al fin hará de la justicia algo cercano y real para todas las personas en México y que acabará con la corrupción y la impunidad.
En este ambiente polarizado no hay escala de grises, todo es blanco o negro. Si estás en contra, eres una persona de derecha, que busca que la injusticia, la corrupción y las desigualdades prevalezcan.
¿De dónde viene la reforma judicial?
El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por el aumento en los señalamientos y ataques hacia el poder judicial, particularmente hacia las personas juzgadoras que de alguna u otra manera han obstaculizado los proyectos del gobierno federal. El poder judicial ha sido responsabilizado, a nivel discursivo, de perpetuar problemas sistémicos como la impunidad y la inseguridad, que ni el gobierno de la llamada cuarta transformación ni los que le han precedido han sido capaces de resolver.
En ese sentido, la reforma consolida esta línea discursiva y asume que cambiando a las personas que ostentan los cargos de la judicatura, se van a solucionar estos gravísimos problemas que aquejan al país y que definitivamente superan, incluso, a los órganos jurisdiccionales.
No nos malentiendan. Algo que tenemos muy claro es que las razones por las que las personas piden una reforma al sistema de justicia son muchas y son muy válidas. Sin embargo, también tenemos muy claro que la reforma que hoy se discute en el pleno del Senado no atiende de forma integral las críticas, recomendaciones y propuestas que por muchos años han hecho las víctimas, la sociedad civil organizada, academia y organismos internacionales.
No nos oponemos a una reforma al poder judicial a secas. A lo que nos oponemos es a una reforma que parte de una lectura incorrecta de las necesidades de las personas que intentan transitar por este entramado institucional y que reduce el sistema de justicia a los tribunales; una propuesta que, en lugar de mejorar, podría empeorar la situación en la que nos encontramos.
El poder judicial no está exento de críticas, por el contrario. #HablemósloConCalma y analicemos algunos de los (muchos) problemas de la justicia en México.
Los problemas de la justicia en México
Si hoy estamos ante esta reforma, en buena parte se debe al hartazgo de la población respecto a la (falta de) justicia. Por un lado, la ciudadanía no confía en el poder judicial por experiencias o socializaciones de experiencias y percibe a las personas juzgadoras y magistradas como algunas de las autoridades más corruptas del país. El sistema de justicia (que incluye al poder judicial y a otras instituciones como las fiscalías), su estructura, procesos y lenguaje están diseñados para ser complejos e inaccesibles para gran parte de la población, así como para reproducir mecanismos de discriminación contra poblaciones históricamente discriminadas.
En años recientes han existido avances, como la reforma a la Ley General de Transparencia de 2019, que obliga a los poderes judiciales a publicar sus sentencias. Esto representó una gran victoria para la transparencia y el monitoreo ciudadano. Sin embargo, también es cierto que el lenguaje en el que están escritas las sentencias no es comprensible para todas las personas.
Otro problema yace en la percepción del poder judicial como lejano, como algo a lo que se puede recurrir solo en última instancia, cuando la realidad es que está presente en asuntos tan cotidianos como los divorcios, las custodias, las órdenes de protección, entre otras. Esto es algo que la reforma reproduce al centrar su atención en el poder judicial federal, dejando de lado la conversación sobre los poderes judiciales locales y su intervención en la gran mayoría de asuntos.
Por otro lado, uno de los argumentos contra la reforma es que “las personas no se están informando lo suficiente” sobre el trabajo del poder judicial. No obstante, no es responsabilidad de las personas investigar sobre sus derechos; es responsabilidad del Estado socializar y promover esos derechos. Esto ha sido un fracaso de los poderes judiciales, pues no han logrado comunicar sus funciones y utilidad. De ahí también que resulte complicado que la ciudadanía les respalde.
La mayoría de las personas no accede a la justicia, cuando esta, además de ser un derecho humano, es un servicio público que el Estado debe garantizar y no lo ha hecho. Hay, por ejemplo, muchas personas que no pueden acceder a la justicia por cuestiones como su ubicación geográfica o la lengua que hablan. Además, tenemos un sistema punitivo que busca resolver todo con la creación de nuevos delitos, cuando las fiscalías están rebasadas y son ineficientes. A esto se le suma la existencia de figuras como la prisión preventiva oficiosa, que encarcela a las personas antes de comprobar su culpabilidad y que castiga en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad. Por si fuera poco, el amparo, que debería ser la figura por excelencia para la protección de derechos humanos, resulta compleja y poco accesible. Todo esto, la reforma no lo retoma.
También es necesario abordar de manera más amplia los problemas en el sistema de impartición de justicia, que incluye a las fiscalías y a los ministerios públicos. Muchas denuncias no llegan a judicializarse, es decir, no pasan de la etapa de investigación a la de valoración y posible sanción, lo que quiere decir que no llegan a ser conocidas por un juez o jueza. El diagnóstico entonces es que necesitamos mejorar capacidades y recursos de las investigaciones y reforzar las áreas periciales de autoridades que investigan. Si no volteamos a ver a las fiscalías y su labor de investigación, difícilmente podremos analizar al poder judicial.
Otro tema que es necesario abordar es que, en un país tan desigual como México, los salarios que ganan las autoridades del poder judicial lógicamente son percibidos con ira. Surge entonces la pregunta legítima sobre por qué personas que, se percibe, no cumplen con su trabajo, ganan cantidades tan altas de dinero. Pero esto confunde e invisibiliza el entramado judicial que está detrás de la impartición de justicia.
Algunos de los cambios que propone la reforma
En las más de cien páginas de cambios legislativos, la reforma aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión -y ahora a la espera de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas alcales- no se enfoca en ninguno de los problemas previamente mencionados.
La reforma propone cambiar radicalmente la forma en que se elige a las personas juzgadoras federales, magistradas y ministras de la Suprema Corte. La idea es que sean elegidas a través del voto popular. Esto es preocupante porque reduce al voto la participación ciudadana en el acceso a la justicia y nos deja fuera del diseño de políticas judiciales y de los procesos de rendición de cuentas. Aunado a esto, se pretende reemplazar a todas las personas juezas, magistradas y ministras en un periodo breve de tiempo, lo cual podría tener implicaciones drásticas sobre las vidas de las personas que tienen algún asunto en curso. Si el acceso a la justicia en México ya es un proceso largo, con esta reforma podría serlo aún más.
Cabe mencionar que la elección se propone a partir de una serie de candidaturas que de por sí serán preseleccionadas por el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, el voto popular será el último eslabón en una cadena de decisiones reservada para las élites del poder y a la que le hacen falta criterios objetivos y transparentes sobre cómo se elegirá a quienes accederán a la boleta.
También existe una falsa idea de que podremos elegir de manera informada a quienes serán las personas juzgadoras, pero el proceso democrático propuesto es débil. No se contemplan mecanismos para garantizar que la ciudadanía sepa quiénes son las personas candidatas y cuáles son sus propuestas. Resulta cuestionable la afirmación de que podremos decidir sobre quiénes serán las personas juzgadoras, simplemente porque no nos dará tiempo para revisar, por nuestra cuenta, los perfiles de las miles de personas que van a contender por los puestos de la judicatura federal y local.
Aunado a lo anterior, se suma el hecho de que no hay evidencia de que la elección popular garantice más independencia y menos corrupción. En contraste, sí hay riesgos que han sido señalados por personas expertas, como la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados.
Asimismo, la reforma introduce un nuevo perfil de persona juzgadora. Los nuevos requisitos que establece desprecian la carrera judicial la cual busca formar y capacitar a quienes van a resolver problemas graves y serios de la población, tales como decidir sobre la libertad y los bienes de las personas. El nuevo perfil se conforma de requisitos que no están sustentados por ninguna base empírica, como las cartas de recomendación y las calificaciones que las personas obtienen en la escuela. Además, se quita el requisito de la edad mínima, no se pide experiencia incluso para ser jueza o juez de distrito y se reduce la experiencia necesaria para ser ministra o ministro. Este cambio se disfraza con el argumento de que el poder se está entregando al pueblo, cuando en la práctica afectará a las personas más vulneradas.
Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía se relaciona con la percepción de corrupción del poder judicial, para atenderla la reforma pretende crear el tribunal de disciplina judicial, un órgano independiente que investigue y sancione los casos de corrupción en el poder judicial. Sin embargo, preocupa que se trate de un mismo órgano que pueda investigar y sancionar y que los temas en los que puede intervenir se enuncian de manera muy amplia. Esta vaguedad abre la puerta a sanciones no fundamentadas.
Algo que pudiera sonar muy atractivo de la reforma es que propone un plazo de seis meses para que se resuelva un asunto, lo cual reduciría costos económicos, psicoemocionales y de tiempo. El problema es que esta propuesta solo se manifiesta y no se fundamenta cómo será posible. Es necesario revisar mejores mecanismos de denuncia y sanción de actos de corrupción.
Otro punto que preocupa es el de los jueces sin rostro. Esta figura es probadamente fracasada, pues no protege a las personas juzgadoras y además viola los derechos de las personas imputadas. Además, existe una contradicción, pues si las personas juezas se eligen por voto popular, se podrá saber con facilidad quiénes son y en dónde trabajan. Es una propuesta que no sirve a las víctimas ni a las personas imputadas ni a los propios jueces.
Tomando en cuenta todos estos argumentos, es necesario que pongamos el derecho de acceso a la justicia de las personas al centro del debate y que reconozcamos que los cambios propuestos por la reforma podrían retrasar los procesos en curso, lo cual podría privar a las personas del acceso a la justicia pronta y expedita. Necesitamos retomar la discusión sobre la necesidad de reformar a las fiscalías, de fortalecer las capacidades de investigación y de ampliar el alcance de las defensorías.
Queda entonces un llamado al Congreso y al gremio de personas abogadas para que generen una contrarreforma que tome en cuenta lo que está bien y busque arreglar las muchas cosas que están mal en el sistema de justicia. La garantía de derechos humanos debe resguardarse, sea o no de aceptación popular un tema. Necesitamos una reforma que ponga al centro a las personas y su derecho a acceder a la justicia.
