POSICIONAMIENTO ILEMICH
Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito 2023
@Fonema / Redacción
A un año de que concluya la septuagésima quinta legislatura del Congreso de Michoacán y habiéndose legalizado el aborto voluntario en 11 entidades del país, seguimos siendo parte de los estados en desacato y empecinados en violar derechos humanos de las mujeres.
Desde que fue expedido en 2014, nuestro nuevo Código Penal ha sido reformado más de 50 veces, siempre evitando abordar el capítulo referente al aborto.
Desde 2020, las mujeres y colectivas que integramos ILEMich hemos trabajado muy duro investigando y redactando iniciativas de ley para acelerar el proceso legislativo que las y los diputados tendrían que hacer para estar en consonancia con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con numerosas convenciones y tratados de los que México es Estado parte y con las exigencias de justicia e igualdad de millones de mujeres en Michoacán.
Al día de hoy, hay 8 iniciativas en la “congeladora” que proponen la despenalización y legalización del aborto.
Es momento de que se diga con todas sus letras: el sufrimiento de cada mujer forzada a continuar un embarazo que no desea, el viacrucis silencioso de cada mujer que busca terminar un embarazo no buscado, las lesiones e incluso la muerte de todas y cada una de las mujeres que podrían haber abortado de manera segura y se toparon con un Estado opresivo, inhumano, punitivo y retrógrada, es un crimen del cual el Congreso de Michoacán es el autor intelectual.
Las y los diputados que han frenado la legalización del aborto voluntario, tácita o expresamente, votando en contra o absteniéndose, son cómplices de embarazos forzados, de criminalización y denegación de un derecho y de maltrato institucional de miles de mujeres y niñas, todas ellas formas de violencia por razón de género que pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante de acuerdo al Comité de la CEDAW.
¿Cuál es la excusa?
Jurídica no es, pues todos los ordenamientos relevantes para el Congreso del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres apuntan claramente hacia la garantía de nuestro derecho a decidir.
De falta de tiempo tampoco es, pues hay 8 iniciativas listas para ser discutidas pero que se ha elegido ignorar. Pero sí ha habido tiempo para admitir iniciativas inconstitucionales y absurdas, como la que da derechos sociales a los fetos.
Falta de presupuesto tampoco es, pues es significativamente más barato para el Estado cubrir el costo de los 40,000 abortos voluntarios que se estima que ocurren en Michoacán cada año, con un costo aproximado de 24 millones de pesos, que brindar los servicios y subsidios de salud, de educación, de vivienda y de alimentación de 40,000 personas producto de embarazos no deseados, que significan más de 3 mil millones de pesos cada año.
Falta de relevancia tampoco es, pues como país ocupamos el 1º lugar de países de la OCDE en abuso sexual infantil, y como estado somos el 5º lugar nacional en embarazo adolescente. Cuatro de cada 10 embarazos que se atienden en el estado son de menores de edad, y en el 55% de los casos de niñas y mujeres de entre 10 y 14 años que han sido madres, el padre es un hombre adulto de entre 18 y 50 años. El año pasado la Secretaría de Salud reportó 5,495 nacimientos donde la madre tenía menos de 17 años, y 331 en los que las madres eran menores de 14.
La oposición de grupos provida y religiosos tampoco puede ser excusa, pues no son permisibles, bajo ninguna circunstancia, los argumentos religiosos para impedir la adopción de proyectos de ley y de garantía de derechos humanos, porque esto viola el derecho humano a la libertad religiosa contemplado en los artículos constitucionales 24 y 130.
