Por no contar con peritos con certificación de perspectiva de género, FGE pierde oportunidad de impartir justicia
Esta es la historia de Nayeli Ocampo, mujer que se atrevió a denunciar a su agresor por amenazas de muerte
@Fonema / Redacción
El caso de Nayeli Ocampo hubiese marcado precedente en Michoacán, sin embargo, debido a la falta de especialistas con perspectiva de género, el fallo condenatorio por amenazas se redujo a pagar los gastos que realizó la víctima desde el 2020 que acudió a la Fiscalía del Estado de Michoacán (FGE) para presentar denuncia por amenazas contra el padre de sus hijos.
Aquí íntegro su sentir y la exposición de su historia, escrito por la víctima.
Me tomó años de mi vida reunir el valor para denunciar las múltiples violencias (psicológica, física, vicaria, patrimonial y económica) que me fueron infringidas por mi agresor Rafael Romero Martínez.
Un día de marzo, ese día decidí que no sería una víctima más, y decidí que tengo derecho a vivir una vida libre de violencia; vivir conforme a mi libre determinación, fue entonces que debía denunciar penalmente al agresor. Entendí que, cuando una mujer decide denunciar, rompe los ciclos de violencia.
Esta es mi historia con la Justicia
Primero, 15 de mayo de 2018 y, luego 12 de mayo de 2020 acudí al CEJIM en Morelia a realizar la denuncia de los hechos. En ambas ocasiones me fue negado con el argumento que no les correspondía porque había concluido la relación de pareja, aun cuando el agresor es progenitor de mis menores hijos. Finalmente, la denuncia de 2018 fue asentada en la Agencia de delitos Cibernéticos, y en 2020 en la Fiscalía Regional.
El 6 de julio de este año, el Juez Unitario de Enjuiciamiento Manuel Padilla Téllez del Estado de Michoacán determino fallo condenatorio al agresor. El día de ayer, 23 de agosto, se realizó la audiencia de individualización de sanciones; aun cuando el fiscal, Raúl Robles solicitó la pena máxima para el delito de amenazas, siendo de 2 años y 6 meses de prisión y la reparación integral de daño consistente en el pago de al menos 12 sesiones de terapia psicológica; esto luego de que por petición del juez se repitiera peritaje psicológico a mi persona para proveer, con la consigna explícita que se realizara por medio de un perito con certificación de Perspectiva de Género, cuyo proceso se realizó el 31 de julio por la Fiscalía del Estado de Michoacán.
La perito, Laura Martínez Urueta del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de la ciudad de Morelia determinó que SÍ EXISTE DAÑO PSICOLÓGICO producido por hecho directamente denunciado. Sin embargo, el día de ayer, el Juez Manuel Padilla, determinó la pena de 1 año 3 meses de prisión al agresor, así como el pago de multa de 350 UMA; además, lo conmina a no ofender más a la víctima.
Pese a lo anterior, debido a que el peritaje no cuenta con certificación con Perspectiva de Género, sólo se estimó un pago de daño genérico (pago de pasajes al cada una de las audiencias del juicio oral), es decir, la FGE me infringió y revictimizó por no contar con peritos especializados y certificado en perspectiva de género.
Las omisiones e inoperancia de la Fiscalía y del CEJIM de Morelia en mi caso, me han dejado en estadio de indefensión por obstaculizar el ACCESO A LA JUSTICIA al no contar con una reparación integral del daño. Si no existe reparación integral del daño, no existe ACCESO A LA JUSTICIA.
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