Hoy, los municipios de Michoacán cuentan con sus propios órganos de protección de niños
A nivel federal y estatal abarca SIPINA, sin embargo, en los ayuntamientos y consejos no, con la reforma aprobada por unanimidad será posible la protección de los 112 ayuntamientos de Michoacán y el Consejo Mayor de Cherán
@Karla Ayala
El diputado local, Roberto Reyes Cosari presentó el último eslabón institucional que hacía falta para que se garantice la protección de los niños en Michoacán. Si bien el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) promueve las políticas públicas a favor del cuidado de los menores, en los municipios no habúa un organismo que vigile el trabajo realizado para este sector.
El proyecto de decreto establece diversas modificaciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, con lo cual se garantiza la creación del eslabón institucional a nivel municipal para que las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes aterricen con puntualidad y garanticen el respeto sus derechos humanos, ello a través de la creación de la Comisión Municipal, el cual será instituido por regidores y representantes del Consejo Mayor, según sea el caso.
Es importante recordar que nuestro país fue uno de los primeros cuatro países en sumarse a la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, Alianza impulsada por diversos países, la cual busca sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre el impacto que tiene la violencia en la vida de niños y jóvenes.
“Así como esta Legislatura se caracteriza por su inclusión; también hoy, demostramos que estamos preocupados por ese sector vulnerable de la sociedad, que es el semillero de quienes, en el futuro, dirigirán los destinos de nuestro estado. Hoy, refrendamos nuestro compromiso por el bienestar de nuestras y nuestros pequeños michoacanos”, puntualizó Roberto Reyes Cosari.
Con esta reforma, se armonizan las normativas del estado de Michoacán con la federación, de tal forma que se garantizan los derechos de la población infantil, en aras de que se disminuyan las brechas de desigualdad y se garanticen los servicios de salud, educación y protección social para el correcto desarrollo de sus derechos.