Histórico: TEEMich sanciona por primera vez a un integrante de un Concejo de Gobierno Comunal por violencia política contra las mujeres
En una resolución considerada un precedente para la defensa de los derechos políticos de las mujeres indígenas, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) sancionó a José Luis Maximiliano Becerra y Gildardo Rivera Aguilera por actos de violencia cometidos contra integrantes del Concejo Comunal Indígena de San Ángel Zurumucapio.
@Fonema / Redacción
De acuerdo con la determinación del órgano jurisdiccional, a José Luis Maximiliano Becerra se le acreditó violencia política genérica, mientras que Gildardo Rivera Aguilera fue declarado responsable de violencia política contra las mujeres en razón de género, tras analizar diversos hechos que vulneraron el ejercicio de los derechos de las integrantes del gobierno comunal.
Entre los actos documentados se encuentran amenazas y agresiones que provocaron afectaciones físicas y psicológicas a varias concejeras, tres de las cuales se encontraban embarazadas al momento de los hechos, lo que agravó el impacto de la violencia ejercida en su contra.
Durante la sesión celebrada el pasado 9 de julio, el TEEMich estableció que uno de los episodios ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando José Luis Maximiliano Becerra, entonces autoridad comunitaria, participó junto con un grupo de seguidores en acciones para impedir el proceso de entrega-recepción de los bienes de la comunidad, obstaculizando la transición del nuevo Concejo.
De acuerdo con información presentada por las víctimas ante las autoridades electorales, Becerra permaneció durante siete años al frente de la autoridad comunitaria. Tras no obtener el respaldo de la Asamblea General del 9 de febrero de 2025 para reelegirse por un periodo adicional de tres años, habría impulsado una campaña interna que profundizó la división en la comunidad y se atribuyó la representación del autogobierno comunal.
Asimismo, en la documentación presentada se señala que durante su gestión desempeñó simultáneamente funciones como docente y director de una escuela primaria, sin que presuntamente hubiera solicitado licencia para separarse de dichos cargos.
Un precedente para los derechos políticos de las mujeres indígenas
La resolución del Tribunal Electoral marca un hecho histórico en Michoacán, al convertirse en la primera ocasión en que un integrante de un Concejo de Gobierno Comunal es sancionado por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Para organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres, este tipo de resoluciones representa un avance en el reconocimiento de que la violencia política también puede presentarse en los sistemas normativos internos y en los gobiernos comunitarios, donde las mujeres enfrentan obstáculos adicionales para ejercer plenamente sus cargos de representación.
Desde la perspectiva de Fonema, este caso visibiliza la importancia de garantizar que las mujeres indígenas puedan participar en la toma de decisiones libres de intimidación, amenazas o cualquier forma de violencia. La protección de sus derechos políticos fortalece no sólo la igualdad de género, sino también la democracia comunitaria y el respeto a la autonomía de los pueblos originarios.
