Granadazos en Morelia, 15 años de simulación y desdén

Les invito a escuchar la historia y los detalles legales que han pasado las víctimas en Maraña Jurídica ATENTADOS TERRORISTAS DE MORELIA

@Valentina Guerra

Se cumplen 15 años del primer ataque terrorista en el país. El 15 de septiembre del 2008, todo era risas y felicidad en la Plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, hasta que el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, replicó el grito de independencia, casi de forma simultánea se escuchó un estruendo que muchos confundieron con fuegos artificiales, pero en realidad era el sonido que marcaría el inicio de la tragedia que han venido arrastrando quienes perdieron a un ser querido o resultaron lesionados.

Se trataba del estallido de una granada de fragmentación, de la que hasta hoy en día se desconoce quién arrojo sobre la población que se encontraba disfrutando de la verbena popular; sí, esa fiesta que año con año nos une a millones de mexicanos, una granada que cobro la vida de 6 personas y dejó más de cien heridos, algunos de gravedad.

Minutos después una segunda granada fue arrojada en la esquina de avenida Madero y Andrés Quintana Roo en la misma ciudad, en donde perdieron la vida dos personas y otra más resultó lesionada de gravedad.

Entonces vinieron las visitas al hospital, las muestras de “apoyo” de las autoridades y las promesas de hacer justicias para las víctimas.

Ese fue el inicio de un largo y tortuoso camino que han tenido que recorrer quienes, no fueron, son víctimas no solo del ataque terrorista, sino también de una fallida estrategia de seguridad y de 3 administraciones federales y estatales que solo han simulado “trabajar” y preocuparse por las víctimas.

 A la fecha no hay detenidos y mucho menos sentenciados por este hecho tan lamentable, las víctimas siguen presas de la impunidad.

En el 2008 se anunció con bombo y platillo que la entonces PGR había logrado la detención de 4 personas quienes presuntamente habían participado en estos ataques y quienes se presumía pertenecían a los “Zetas”, grupo al que se le adjudico el ataque terrorista. Sin embargo, dichas personas obtuvieron su libertad absoluta en el 2019 mediante la confirmación de la sentencia de amparo que habían promovido en el 2015 en el que alegaron, entre otras cosas, tortura y tratos crueles e inhumanos cometidos durante su detención por agentes de la Fiscalía General de la República.

De ahí a la fecha nada ha pasado, dos órdenes de aprehensión pendientes por cumplir y con ello el proceso penal suspendido, de acuerdo a lo referido por la representante legal de algunas de las víctimas.

¿Cuántas veces hemos escuchado “solicitaremos se reabra el caso”?  Lo dijo en su momento Silvano Aureoles, hace un año las mismas palabras repitió el actual Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien, hay que destacar, aludió a la ¿policía judicial? que hace años no existe. Incluso han acusado las víctimas que ni siquiera se ha reunido con ellos en lo que va de la administración, señal del nulo interés en el tema.

Lo dijo Leonel Godoy hace un par de semanas exigiendo justicia para las víctimas, pero se le olvidó que era Gobernador cuando esto ocurrió y que fue secreto a voces la existencia de un posible atentado en esas fechas, a lo que su administración hizo caso omiso, también se le olvido que fue su entonces Procuraduría quien tomo conocimiento de los hechos y realizo las primeras investigaciones llenas de errores y omisiones que también son su responsabilidad.

Así podemos seguir enunciando a todos aquellos que año con año salen a exigir justicia para las víctimas, a pedir que se “reabra el caso”, a decir “estamos trabajando en coordinación con las autoridades federales”. Mentiras y más mentiras.

Eso quedó evidenciado con las declaraciones hechas por el Comisionado de Atención a Víctimas, Josué Mejía, a quien cuando le conviene es competente para atender a las víctimas y cuando no “le toca a la federación por ser delito federal”, y quien el mes pasado admitió desconocer el estatus del proceso y si la carpeta (averiguación previa) esta reabierta, porque si solicitó información a la FGR, a la fecha no se sabe qué le hayan dado respuesta.

Entonces ¿somos o no somos? Es decir ¿sabemos y hemos dado seguimiento, estamos trabajando para que verdaderamente haya justicia para las víctimas, o solo decimos lo que la sociedad quiere escuchar?

¿Todo el apoyo para las víctimas? Eso fue lo que les dijo Felipe Calderón, Leonel Godoy y otros, pero ¿verdaderamente las víctimas han recibido todo el apoyo? El pasado martes, en conferencia de prensa, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas dieron a conocer los “apoyos” que a lo largo de estos 15 años se les ha otorgado a las víctimas, entre los que destacan la pensión que de manera mensual se les otorga a algunos de los afectados, así como la entrega de 17 viviendas y el apoyo para “proyectos productivos”, apoyos que, de acuerdo con las víctimas, efectivamente se han otorgado, porque las pensiones se establecieron desde el 2009 y que en el 2018 fueron revisadas para efecto de aumentar el monto que se les otorga, sin embargo, no ha sido claro el proceso para la asignación de montos de pensión, mientras que victimas con graves padecimientos reciben pensiones menores, otras tantas con menor afectación reciben las pensionase más elevadas, evidenciando la desigualdad que el propio Estado ha generado.

Por otro lado, las viviendas y los apoyos para proyectos productivos anunciados en esa rueda de prensa, fueron entregados por el entonces gobernador Silvano Aureoles, quien, a decir de ellos, fue el único que de alguna manera empatizo con ellos, antes de él nadie se acercaba ni para algo tan mínimo con el ya conocido “acto conmemorativo”, el cual empezó a realizarse durante su mandato. Su consideración con ellos ha sido tal que incluso el año pasado, ya sin ser Gobernador, se reunió con las víctimas, algo que Ramírez Bedolla no ha hecho, evidenciando el desdén de su administración por estas personas.

En la referida conferencia de prensa, los funcionarios estatales mencionados y las 3 únicas víctimas a las que se convocó, manifestaron que se les ha venido atendiendo de manera constante y no solo en estas fechas, la realidad es otra, pues en una de las reuniones recientes sostenida por las víctimas con el Secretario de Gobierno el reclamo general, como otros años, ha sido la falta de atención médica y carencia de medicamentos, así como la ausencia de apoyo institucional.

Pero si de ausencias hablamos quienes definitivamente a lo largo de estos años, han brillado por su indiferencia han sido, sin duda alguna, las autoridades federales, de quienes las víctimas no han recibido ni el más mínimo apoyo o tenido un acercamiento. La federación les ha quedado a deber a los afectados, porque a 15 años de la tragedia no se percibe ni un mínimo esfuerzo por esclarecer los hechos y apoyar con acciones concretas a las víctimas.

Se les olvida que han sido 15 años de dolor; 15 años desde que nada para ellos fue igual; se perdieron vidas, y no solo me refiero a quienes lamentablemente fallecieron, sino también a quienes resultaron lesionados, me refiero a aquellos hermanos, hijos, esposos, padres, tíos que sin darse cuenta y sin sufrir un daño directo en sus persona, tuvieron que cambiar su forma de vida, tuvieron que aprender a vivir con el dolor inmenso de perder una madre, un padre, un hijo, y que por si eso fuera poco, han tenido que irse resignado a la impunidad y el olvido.