Entre detenciones y protestas: autoridades ajustan desfile ante miedo a nuevas marchas
El 15 de noviembre de 2025 la llamada “Generación Z” convocó marchas en varias ciudades de México, incluyendo Morelia, para protestar por la violencia, la impunidad y el asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
@ Karla Ayala
Sin embargo, estas manifestaciones no terminaron solo en consignas pacíficas: en Michoacán y la Ciudad de México se reportaron detenciones que han levantado serias críticas al actuar de las autoridades y la postura del gobierno federal.
Datos sobre los detenidos
En Morelia, la manifestación concluyó con al menos 3 personas detenidas: según medios locales, se trató de dos jóvenes y un menor de edad, acusados de “alterar el orden público”.
Uno de los jóvenes detenidos en Morelia se identificó como Jafet Pineda, fotógrafo independiente que documentaba la marcha.
El segundo detenido tenía 16 años, según fuentes de la prensa.
Además de las detenciones, hubo agresiones contra periodistas: en Morelia tres reporteros fueron agredidos por elementos de la Guardia Civil.
En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 40 detenidos tras los disturbios en el Zócalo.
En esa movilización también resultaron heridos, según la misma dependencia, 100 policías, de los cuales algunos fueron trasladados a hospitales.
En Morelia, testigos denunciaron que policías estatales se mofaban de los detenidos gritándoles “¡Quieren llorar!”, lo cual apunta a una actitud claramente intimidatoria y autoritaria.
Postura del gobierno federal y respuesta institucional
El gobierno ha optado por dar prioridad al orden público y legitimar las detenciones como parte del control ante una manifestación que, en ciertos momentos, se tornó violenta.
Sin embargo, organizaciones y ciudadanos han denunciado que la represión fue desproporcionada y que se está criminalizando la protesta social juvenil: no solo jóvenes manifestantes, sino también menores de edad y periodistas fueron parte de los afectados.
En vez de fomentar el diálogo, la respuesta estatal y federal ha sido contención a través de detenciones y despliegue de fuerzas de seguridad, lo que refuerza la percepción de que hay más interés en reprimir que en escuchar las demandas.
El desfile que cambia de ruta por miedo a nuevas protestas
Aun con el anuncio de una nueva marcha, las autoridades decidieron que sí se realizará un desfile, pero modificaron su ruta con el argumento de “evitar confrontaciones”.
Este cambio no es menor: representa una admisión tácita de que las manifestaciones ciudadanas tienen suficiente fuerza y legitimidad como para alterar la logística oficial, lo que evidencia las tensiones entre el poder institucional y la protesta social.
Más aún, sugiere que el gobierno prefiere redirigir el descontento físico (cambiando trayectos) en lugar de abordar las causas profundas de la insatisfacción: violencia, impunidad y gobernanza.
Crítica final
Las detenciones del 15 de noviembre revelan una contradicción grave en la estrategia del gobierno: mientras dice respetar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, en los hechos actúa con una mano dura selectiva. Detener a jóvenes, un menor e incluso un fotógrafo de la propia marcha, demuestra que se está criminalizando la juventud que exige un México más seguro y justo.
Al mismo tiempo, modificar la ruta de un desfile para “evitar confrontaciones” es una solución superficial: no soluciona la raíz del problema, sino que esquiva la protesta. Esa “gestión” del descontento se asemeja más a una estrategia de control que a una auténtica disposición para escuchar y cambiar.
Si el gobierno realmente quiere pacificar y reconciliarse con la ciudadanía, debe ofrecer más que seguridad: debe ofrecer diálogo real, rendición de cuentas y acciones concretas contra la violencia estructural.
