Búsquese un asesor particular, recomienda la CEEAV a víctima

Este es el caso de una madre que desesperada pide ayuda para que sus hijas abusadas sexualmente por su ex pareja tengan justicia

@Valentina Guerra

Si no está de acuerdo con nuestro trabajo búsquese un asesor particular”, esa fue la respuesta que tuvo Paz, durante una reunión con el titular de la Comisión Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas (CEEAC), asesores jurídicos y el Agente del Ministerio Público que le fue asignado a su caso, reunión a la que se le citó, por primera vez en casi medio año, para revisar la opción optar por el procedimiento abreviado en el proceso penal que se sigue contra su ex pareja LUIS N., acusado de violar y abusar sexualmente de las hijas de Paz.

El calvario judicial de Paz y sus hijas inició en agosto del 2022, cuando las menores se comunicaron entre ellas y decidieron que era tiempo de decirle a su mamá que Luis N., su padrastro, había violado a una de ellas y abusado sexualmente de la otra. Desde que ella supo lo sucedido denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y se solicitó una orden de aprehensión; el agresor fue puesto a disposición del juez del sistema penal acusatorio en Morelia.

Desde entonces la madre de las niñas ha buscado de todas las formas posibles entender qué tiene que hacer, ¿Qué sigue? ¿Qué pasará en esta lucha por la justicia? ¿Lo condenaran? ¿La sentencia será justa? Las dudas surgen porque al inicio del procedimiento se les asignó un asesor jurídico de la CEEAV y otro de la Procuraduría de la Defensa del Menor, sin embargo, el contacto con dichos asesores jurídicos fue nulo durante todo este proceso.

“Al abogado del DIF sólo lo vi cuando les tomaron la declaración a mis hijas, en la reunión para el procedimiento abreviado, aunque me dijo que no sabía a qué iba yo, y de ahí hasta la audiencia; a los de la CEEAV nunca los vi, no los conocía hasta la audiencia del 21 de marzo, donde antes de entrar a la sala el asesor me dijo que aceptara el procedimiento abreviado, que era lo más conveniente para mis hijas para que no tuvieran que declarar otra vez”.

“Yo le dije que no estaba de acuerdo con la pena que habían negociado (de 21 años, el 10% de la propuesta original), que quería que me explicaran bien, pero no me decían nada, sólo que aceptara eso y el monto de la reparación, también mucho menor a lo que había formulado al inicio la Fiscalía”, relata la víctima.

En la fecha que refiere Paz, se llevaría a cabo la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue a su ex pareja, sin embargo, días atrás la habían llamado de la FGE para que acudiera a una reunión con los abogados defensores, ya que el imputado solicito el procedimiento abreviado, es decir, el acepta la responsabilidad de los delitos que le imputan y repara el daño a cambio de una pena menor a la que el Ministerio Público había solicitado en su escrito de acusación (204 años).

En dicha audiencia se haría saber al Juez que se había llegado a un acuerdo y con ello concluir el proceso, sin embargo, señala Paz, ella nunca estuvo conforme con las condiciones que se le plantearon, situación que advirtió la Juez que presidio la audiencia, quien desde el primero momento se mostró en desacuerdo con los términos que planteada el Ministerio Público, pues era evidente que la víctima no estaba informada de los alcances de dicho procedimiento, por lo que ordeno diferir la audiencia y fijo una nueva fecha para que el MP justificara la pena privativa de libertad tan baja que se pretendía imponer, y ordeno a los asesores jurídicos públicos que explicaran bien a la víctima los alcances de la decisión ya que ella había manifestado no estar de acuerdo, haciendo hincapié que si bien era un derecho del imputado tener un acuerdo favorable, también lo era de la víctima estar de acuerdo.

Derivado de esto, aún desorientada, Paz acudió a los medios de comunicación buscando hacer notar lo que estaba pasando, la falta de atención por partes de los asesores jurídicos de la CEEAV, logro que le pusieran atención, al menos en apariencia; recientemente fue llamada por el Comisionado de Atención a Víctimas, Josué Mejía Pineda, a una reunión donde se le aseguró que revisaría su caso y se buscaría la forma de que el acuerdo para el procedimiento abreviado estuviera adecuaciones a lo que ella considera justo.
Pero esta promesa llegó con una premisa de por medio, le hicieron saber que en por delitos como estos las penas máximas que los jueces han establecido son de 21 años de prisión.

Narró que se le prometió una segunda reunión, la cual se llevó a cabo en la FGE el pasado jueves 20 de abril, en donde después de escuchar sus reclamos por no haber sido atendida en todo este tiempo por los asesores jurídicos, por no haber realizado nada durante el proceso y su inconformidad con solo 21 años de prisión, obtuvo como repuesta “si no está de acuerdo con nuestro trabajo, búsquese un asesor particular”.

Paz relata que así como se escucha, los asesores jurídicos de la CEEAV ahora están molestos por los reclamos, mostrando que no tienen empatía ni compromiso con las víctimas.

“Después de que les dije que ellos nunca me han asesorado, que el único que me ha explicado en algunas ocasiones lo que se tiene que hacer o lo que sigue, es el Licenciado Lupe (refiriéndose al Agente del Ministerio Público), se molestaron y me dijeron que entonces contrate un asesor particular; también me decían que si no estaba de acuerdo yo les propusiera qué hacer, pero eso es exactamente lo que no sé, no sé qué hacer, no sé porque la pena de prisión se reduce de 204 a solo 21 años, si supiera no los buscaría, no estaría peleando porque me asesoren”, relata la afectada.
Y continúa “ahora pienso que decirme que me busque un defensor particular es solo para lavarse las manos y decir que yo no quise que ellos me asesoraran, no se me hace justo que como víctimas nos traten así; incluso si revisa la carpeta, no hay ni un solo oficio que ellos hayan hecho o le hayan pedido algo al MP, no hicieron nada en todo este tiempo y se enojan conmigo, si no saben o no le gusta su trabajo, pues que renuncien. Si yo tuviera posibilidades contrataría un asesor particular y no estaría rogándoles para que hagan su trabajo” manifiesta la víctima.

Cabe destacar que el mes pasado el Comisionado rindió el informe de su primer año de su gestión, declarando que la CEEAV está para atender a las mujeres, por “un año por ellas”, decía su spot, pero casos como este ponen en duda la capacidad del personal de la Comisión, una institución que fue creada con la finalidad de atender, de dar acompañamiento a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, pero que por el contrario, revictimiza a las víctimas.

¿Cuántas Paz, habrá en el Estado que tienen que aguantar la indiferencia o el maltrato de sus asesores, su falta de interés o de capacidad? En un Estado duramente golpeado por la violencia, la dependencia encargada para acompañar a las víctimas resalta por dejarlas en abandono, en la impunidad, porque situaciones como esta solo alejan a las víctimas para que no busquen justicia, se tiene que conformar con lo que hay, como si ser víctima no fuera suficiente.